CIUDAD DE MÉXICO – En una jornada marcada por la intensidad legislativa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura tras el freno que la oposición impuso a su propuesta de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. Lejos de calificarlo como un tropiezo, la mandataria afirmó que el proceso sirvió para “exhibir” a las fuerzas políticas que se resisten a la política de austeridad republicana.
El escenario en San Lázaro
El pasado 11 de marzo, el recinto legislativo de San Lázaro se convirtió en el epicentro de un debate que duró horas. Al tratarse de una reforma que buscaba modificar la Constitución, el bloque oficialista requería de una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos).
Pese a contar con el respaldo de su coalición, la iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, quedando a 75 votos de la meta de 334 necesaria para avanzar. El rechazo se consolidó gracias a un frente unido de la oposición y algunos votos disidentes de legisladores aliados, quienes frenaron la propuesta original.
“Exponer privilegios”, el objetivo político
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el resultado legislativo no representa una derrota política para su gobierno. Por el contrario, señaló que la votación funcionó como un filtro de transparencia ante la ciudadanía.
“El que no se haya aprobado no es una derrota. Nuestro objetivo siempre fue acabar con la corrupción y los privilegios, y ahora el pueblo sabe quiénes están a favor de reducir el financiamiento a los partidos y quiénes no”, aseveró la presidenta.
Asimismo, lamentó que los ahorros proyectados con la reforma, los cuales se estimaban en miles de millones de pesos al año, no podrán ser redirigidos de manera inmediata a programas de infraestructura y obras públicas, como era el plan original de su administración.
Hacia el “Plan B”: La vía de las leyes secundarias
Ante la imposibilidad de modificar la Constitución por ahora, la mandataria adelantó que el Poder Ejecutivo no dará marcha atrás y ya trabaja en una estrategia alterna conocida como el “Plan B”.
Este nuevo paquete de reformas se enfocará en modificar leyes secundarias, tales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ventaja estratégica para el gobierno es que estas modificaciones solo requieren de una mayoría simple (la mitad más uno), cantidad de votos con la que el oficialismo sí cuenta en ambas Cámaras.
Los puntos clave que incluiría el Plan B son:
- Reducción de estructuras administrativas: Ajustes en los órganos electorales locales para evitar duplicidad de funciones.
- Ajustes salariales: Aplicación estricta del tope salarial para que ningún funcionario electoral gane más que la presidenta.
- Austeridad en gobiernos locales: Medidas de control de gasto en las representaciones políticas de los estados.
Con este anuncio, el debate electoral se traslada ahora al terreno de la legalidad ordinaria, donde se anticipa una nueva batalla jurídica en los tribunales, mientras el gobierno busca consolidar su agenda de austeridad de cara a los próximos procesos electorales.