CULIACÁN, SIN. – El caso de Sandra Luz Parra, cuyos restos fueron identificados tras ser hallados en la colonia 10 de Mayo, ha puesto nuevamente bajo la lupa la ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades preventivas. A pesar de que el feminicidio de la mujer de 50 años fue captado por cámaras de videovigilancia desde junio de 2025, el Estado tardó casi un año en localizar su cuerpo, el cual permanecía oculto en un domicilio plenamente identificado por hechos violentos.
Justicia tardía e indolente El hallazgo de los restos en avanzado estado de descomposición el pasado 19 de marzo, no fue producto de una investigación técnica inmediata, sino de la presión de los colectivos y la Comisión Estatal de Búsqueda que finalmente llevó maquinaria pesada a la calle Jazmín. La vivienda, señalada como un “punto” de venta de drogas y destruida por ataques armados previos, fue el ataúd de Sandra Luz durante 10 meses, mientras las autoridades mantenían el expediente en el archivo.
Un sistema que falla La comunidad y activistas denuncian que este caso es el ejemplo perfecto de la parálisis institucional en Sinaloa:
- Pruebas ignoradas: Existía un video del ataque desde el primer día.
- Falta de intervención: El inmueble nunca fue debidamente asegurado ni cateado a profundidad tras la desaparición.
- Omisión: La familia tuvo que esperar casi un año para recibir confirmación de lo que el video ya advertía.
La Fiscalía asegura que la investigación “sigue abierta”, sin embargo, el reclamo social es claro: la localización no fue un éxito de inteligencia, sino el recordatorio de una búsqueda que llegó dolorosamente tarde por negligencia burocrática.